a intervención dispuesta por el Gobierno nacional sobre la operatoria del puerto de Ushuaia frenó proyectos de infraestructura en trámite y dejó en pausa decisiones vinculadas a inversiones privadas, a partir de un cambio de control que, según el Ejecutivo fueguino, interrumpe obras planificadas, altera el circuito administrativo y modifica la gestión de los recursos que genera la actividad portuaria.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, sostuvo que la Provincia venía trabajando en iniciativas destinadas a modernizar el funcionamiento del puerto y mejorar la atención a los pasajeros que llegan a la ciudad, especialmente en el marco del crecimiento del turismo antártico y de cruceros. “El grupo Mirgor, como algunas otras empresas, presentaron, gracias a la ley de iniciativa privada, el proyecto de la construcción de una terminal para pasajeros de cruceros y catamaranes”, señaló.
El mandatario explicó que la propuesta contemplaba una infraestructura destinada a reorganizar el movimiento de pasajeros y sumar servicios asociados a la actividad turística. “Eso significa toda un área de resguardo para la gente, pero también de locales comerciales, como restaurantes y otras opciones distintas, que hacen que el turista no pase por el muelle y salga directamente a la calle”, afirmó. Según describió, se trataba de una transformación estructural del funcionamiento del puerto de Ushuaia.
En ese marco, indicó que el expediente administrativo había avanzado en las instancias previstas por la normativa provincial. “Ese proceso de adjudicación llegó al final, no es que nosotros lo podamos demorar mucho más”, explicó. Y agregó que el proyecto ya había recibido respaldo formal del Ejecutivo: “Está aprobado, ya había sido aprobado, hay un decreto mío incluso reconociéndolo”.
Melella sostuvo que la intervención nacional interrumpe no solo esa iniciativa privada sino también un conjunto de obras previstas para ampliar la capacidad operativa del puerto. “Eso y muchas obras más, incluso grandes obras que se habían planteado, como la extensión del muelle, cuestiones de seguridad, la construcción de los nuevos muelles para catamaranes, todo está suspendido”, afirmó.
El gobernador advirtió que el escenario genera incertidumbre para los inversores que evaluaban proyectos vinculados a la actividad portuaria y turística. “Tenés inversionistas que quieren invertir y no lo pueden hacer”, expresó. En ese sentido, remarcó que las iniciativas en análisis respondían a proyectos concretos que ya estaban en marcha dentro del esquema administrativo provincial.
También planteó que el freno de esas inversiones contradice el discurso oficial sobre la promoción del capital privado. “El puerto, tanto que ellos se quejan de que faltaba inversión, es una inversión genuina, real, que hoy se encuentra frenada, o en un gris muy importante”, sostuvo. Y agregó que la decisión genera una contradicción con los mensajes públicos del Gobierno nacional: “Contradice todo lo que también el Gobierno nacional pregona, porque hablan tanto de la seguridad jurídica, tanto de resguardar las inversiones, de cuidar al privado”.
Como resultado de la intervención, los proyectos previstos no pueden avanzar. “Con ésto de la intervención, lo que han hecho es no permitir que se hagan las inversiones que estaban planificadas”, afirmó. Y añadió otro cuestionamiento sobre el manejo de los recursos que genera el puerto: “Encima se llevan el dinero”.
El mandatario sostuvo además que el impacto institucional de la medida no se limita a la provincia. “No solo el inversor mira la provincia de Tierra del Fuego, lo que mira es el país”, expresó. Desde su perspectiva, las decisiones que afectan procesos administrativos en marcha pueden influir en la percepción de quienes evalúan inversiones en Argentina.
En ese marco, consideró que la intervención transmite una señal negativa hacia el exterior. “Entonces, la verdad que es un mensaje muy negativo”, afirmó, al señalar que el país intenta atraer inversiones mientras se produce un conflicto institucional de este tipo.
Melella también cuestionó la forma en que se notificó la medida que dispuso el control nacional sobre la operatoria portuaria. “No sé en qué país del mundo civilizado a las 12 de la noche por WhatsApp, te notifican una intromisión, una apropiación, una intervención ilegítima”, sostuvo. Y agregó una valoración sobre ese procedimiento: “Eso es una locura”.
El gobernador también respondió a las críticas que, según indicó, se difundieron sobre las condiciones de funcionamiento del puerto antes de la intervención. “Si el puerto era inseguro, lo que tendrían que haber hecho era cerrarlo directamente”, planteó. En ese sentido, sostuvo que la actividad continuó desarrollándose con normalidad: “No, siguieron operando”.
Al describir las primeras medidas que se adoptaron tras el cambio de control, señaló una modificación en el esquema de pagos de las empresas que operan en el puerto. “La primera acción que hicieron fue notificar a las empresas que no le pagan más al puerto y va a ellos, a la AGP”, afirmó.
El mandatario vinculó el conflicto con la agenda económica que la Provincia busca impulsar para atraer inversiones y generar empleo. “Nos pedían los empresarios a nosotros, las cámaras, inversores, que quieren venir a la provincia, la adhesión al RIGI”, explicó. En ese contexto, sostuvo que el objetivo del gobierno provincial es promover nuevas inversiones productivas. “Nosotros necesitamos buscar inversiones, necesitamos buscar trabajo para nuestra gente”, afirmó. Y señaló que el escenario actual introduce dudas en proyectos que ya habían recibido aval administrativo.
Además, se refirió al proceso judicial iniciado a partir del conflicto institucional generado por la intervención. “Esto es un problema de los fueguinos y las fueguinas”, sostuvo. Desde su perspectiva, la Justicia federal debe considerar el impacto provincial de la medida.
En ese sentido, planteó cuál debería ser el criterio de actuación judicial frente a un conflicto de estas características. “Un juez federal debe velar por la autonomía de las provincias”, expresó.
Finalmente, el mandatario advirtió que la situación afecta principios institucionales vinculados al federalismo. “Es muy grave ésto que está ocurriendo”, afirmó. Y concluyó con una evaluación sobre el alcance del conflicto: “Atenta contra la autonomía en la provincia, atenta contra el federalismo, pero también atenta contra la seguridad jurídica de los inversores”.
